Aprobar una obra, vender un ahorro

Hay juntas en las que una comunidad cree estar hablando de una obra y en realidad está hablando de otra cosa.

Cree que está decidiendo si cambia una caldera, si se mete en un aislamiento de fachada, si aprueba una derrama incómoda o si vuelve a dejarlo para más adelante. Cree que está hablando de dinero, de molestias, de plazos, del vecino que no puede, del otro que no quiere y del de siempre, que protesta por sistema. Todo eso está ahí, claro, pero ahora aparece además otra capa.

Porque en determinadas actuaciones de eficiencia energética no solo se decide cuánto se va a gastar ni cuánto se va a reducir el consumo en los próximos años. También se está decidiendo sobre un valor que puede acreditarse, moverse y venderse, y la mayoría todavía no lo sabe.

Hace unos días, en la entrevista que le hicimos a Federico Cerrato en Desayuno de domingo, volvió a aparecer de fondo todo lo que se está moviendo alrededor del sistema CAE.

Conviene situar bien desde dónde habla. Cerrato no mira este terreno desde lejos. También trabaja en él de forma directa, vinculado profesionalmente a la gestión de CAEs, y precisamente por eso la conversación sirve como una buena excusa para detenerse en algo que, de momento, sigue circulando entre demasiada jerga, demasiada promesa rápida y muy poca comprensión real de lo que hay en juego.

Durante años la eficiencia energética se ha movido en un esquema bastante conocido. Había ayudas, convocatorias, plazos, requisitos y esa sensación tan española de que, más que hacer bien las cosas, lo importante era llegar a tiempo al sitio adecuado. Si una finca actuaba antes de que saliera la subvención, mala suerte. Si la ayuda llegaba después, llegaba para otros. El menor consumo existía, claro. La mejora también. Pero el incentivo extra dependía muchas veces del calendario, no del criterio.

Eso hacía que la conversación fuese siempre la misma: cuánto cuesta la actuación, cuánto tardará en amortizarse, si merece la pena meterse en ese lío, si habrá alguna ayuda que alivie el golpe, si se puede esperar un poco más.

Lo que introduce el sistema CAE no borra de golpe todo eso, pero sí cambia una pieza importante. De repente, el ahorro deja de ser solo una consecuencia útil y empieza a comportarse como algo que tiene valor económico propio, algo que puede medirse, certificarse y entrar en una cadena donde hay quien compra, quien intermedia y quien cobra por moverlo.

Dicho así parece un matiz técnico, pero no lo es. En cuanto esa reducción de consumo tiene precio, la obra ya no se mira igual. Ya no es solo una inversión que rebajará gastos con el tiempo. Empieza a ser también una actuación que genera un valor adicional, y eso cambia la discusión aunque la mayoría siga entrando en ella como si continuara en el marco antiguo.

Ahí aparece el primer problema. Los propietarios discuten la derrama, el presupuesto, la necesidad de intervenir y el cansancio que trae consigo cualquier actuación importante. Lo normal. Lo lógico. Pero muchas veces no están viendo la otra mitad del tablero: no están viendo que lo que van a generar también puede tener un precio que alguien querrá gestionar, comprar o negociar.

Cuando una parte de la mesa no sabe lo que se está jugando, otra sí lo sabe.

No hace falta ponerse dramáticos para entender lo que viene después. Basta con haber visto cómo funcionan estos asuntos cuando aparece dinero nuevo alrededor de una regulación compleja. Empiezan a aparecer empresas que ofrecen facilitarlo todo, simplificarlo todo, resolverlo todo. Algunas lo harán bien. Otras no tanto. Algunas cobrarán por un trabajo necesario. Otras intentarán quedarse con más trozo del pastel del que les corresponde. Nada extraordinario. Pasa cada vez que se abre un mercado que los titulares reales todavía no entienden bien.

El problema, por tanto, no es que existan intermediarios. El problema empieza cuando quien genera ese ahorro no sabe cuánto vale ni qué está cediendo.

Ahí es donde esta cuestión deja de ser solo energética para volverse también profesional. Una finca no tiene por qué dominar el sistema. No tiene por qué conocer la jerga, ni el circuito, ni los actores, ni el valor de mercado de un ahorro certificado. Bastante tiene muchas veces con sacar adelante la intervención sin que la junta acabe en un incendio menor. Lo que sí debería poder esperar es que alguien le ayude a no decidir a ciegas.

Ahí vuelve a aparecer el administrador. No como héroe, no como vendedor de modernidad y tampoco como ese perfil grandilocuente al que le gusta hablar de transformación mientras otro aguanta la llamada del vecino a las nueve y media de la noche. Entra como quien tiene que ordenar una conversación donde se mezclan obra, dinero, intereses, información incompleta y decisiones que luego duran años.

Porque si una finca va a afrontar una rehabilitación energética seria, el asunto ya no se agota en explicar el coste, el ahorro estimado o el plazo de amortización. Ahora también hay que preguntar otra cosa: qué valor puede generar esa actuación y qué se va a hacer con él, porque esa pregunta no es un adorno, forma parte de la decisión.

Si no se plantea, se decide a medias. Se valora la obra, pero no ese rendimiento como activo. Se comparan presupuestos, pero no el retorno completo. Se discute el gasto inmediato, pero no lo que puede recuperarse. Ahí es donde otros llegan antes, entienden mejor el terreno y juegan con ventaja.

Por eso el sistema CAE no debería interesar solo a quienes se dedican a mover certificados. Debería interesar, sobre todo, a quienes están sentados al lado de los propietarios cuando todavía creen que solo están aprobando una obra.

Porque no es solo una obra, sino una derrama, una mejora, una fuente futura de ahorro y, además, un valor económico que puede quedar bien defendido o mal vendido. Esa diferencia importa.

Importa porque en este sector se habla con demasiada facilidad de “oportunidades” y con demasiada poca de reparto del valor. Se habla de ingreso extra, de monetizar ahorro, de aprovechar el sistema. Bien. Todo eso puede ser cierto. Pero la pregunta incómoda sigue estando ahí: de todo ese valor que se genera, quién se queda qué parte.

Si los propietarios soportan la inversión, la incomodidad de la actuación, el riesgo de equivocarse y el esfuerzo de sacar adelante un acuerdo difícil, parece bastante razonable que la parte principal revierta en ellos. Lo demás puede formar parte de una cadena legítima de gestión, por supuesto. Cobrar por hacer un trabajo tiene todo el sentido del mundo. Lo que ya tiene menos sentido es capturar valor simplemente porque quien lo genera no dispone de la información suficiente para discutirlo.

Ahí es donde conviene ponerse un poco más serios, no con el sistema, sino con la forma de entrar en él.

Porque en los próximos años vamos a escuchar bastante ruido alrededor de esto. Habrá mucho entusiasmo, mucha urgencia comercial, mucho discurso de captación y bastante simplificación interesada. Cuanto más ruido haya, más falta hará alguien que haga una cosa mucho menos vistosa pero mucho más útil: separar lo que tiene sentido de lo que solo viene bien para otro.

Eso exige que el administrador no se quede fuera de esta conversación. No hace falta que se convierta en técnico energético, ni en verificador, ni en operador del sistema. Pero sí que entienda lo suficiente para detectar cuándo una finca está a punto de firmar algo sin haber entendido del todo qué tenía entre manos. Porque si él no ocupa ese espacio, alguien lo ocupará. Y no siempre con el mismo interés.

Cuando alrededor del ahorro empieza a moverse dinero, hace falta más criterio. No criterio en abstracto, sino criterio para leer una propuesta, para preguntar cuánto vale realmente ese ahorro, para entender qué parte se cobra por la gestión y qué parte se pierde por puro desconocimiento. Criterio, en definitiva, para que quienes soportan el esfuerzo no vean cómo otros se quedan con la parte más fácil del rendimiento.

Al final, eso es lo que de verdad cambia.

No el certificado. No la jerga. No la promesa comercial que lo envuelve todo cuando aparece un mercado nuevo. Lo que cambia es que muchas actuaciones de eficiencia energética ya no deberían explicarse solo como una obra necesaria, un ahorro futuro o una mejora del confort. Ahora hay una pieza más, y conviene mirarla de frente: el ahorro también tiene valor.

Eso no convierte cada rehabilitación en una jugada maestra ni resuelve por arte de magia la resistencia a una derrama. Tampoco elimina la realidad de fincas que, sencillamente, no pueden asumir determinadas actuaciones. No va de vender épica. Va de entender que el marco ha cambiado y que seguir hablando como si no hubiera cambiado solo beneficia a quien llega mejor informado.

Seguramente ahí está el punto de verdad de todo esto. No en que exista un sistema más o menos ingenioso para certificar ahorros, sino en que una finca puede estar aprobando una obra sin saber que también está decidiendo qué hacer con un valor económico que otros ya han aprendido a mirar muy bien.

Eso obliga, como poco, a prestar más atención.

Porque una cosa es ahorrar energía, y otra muy distinta es dejar que te compren barato ese ahorro porque nadie te explicó bien lo que tenías.